El anarquismo es una idea que reniega del poder de las instituciones. Eso es indiscutible. Sin embargo, la relación entre la representatividad institucional y las diferentes organizaciones anarquistas no ha sido única a lo largo de la historia, así como no es única entre las diferentes corrientes principales adscritas a esta ideología. A día de hoy, en el seno del eterno debate sobre la adaptación de la lucha anarquista al contexto actual, existen diversos planteamientos que suavizan mucho esa relación entre el anarquismo y el estado, en pos de contribuir, o eso dicen, a una mayor aceptación de las ideas y las luchas y a una mayor eficacia de las mismas.
Sin embargo es inevitable observar una repetición de viejos debates con envoltorios nuevos. Esto hace imprescindible acudir a la historia para aprender de los viejos errores cometidos. Sólo así podremos realmente adaptar nuestras ideas y prácticas a la sociedad del siglo XXI sin caer en eufemismos que escondan una dejación de nuestros principios más básicos. Y es que el anarquismo, por encima de todas las cosas, es una ideología basada en unos principios muy bien asentados, los cuales a día de hoy tienen plena vigencia. Por tanto la adaptación en todo caso deberá venir en el terreno de la táctica, de las herramientas de las que nos dotamos, siempre teniendo en cuenta que la armonía entre estas y los principios que nos definen es condición “sin equa non”.
Partiendo de esta base y pese a todo lo dicho, nos encontramos en la historia con múltiples ejemplos de personas y organizaciones que, aludiendo a una cuestión meramente estratégica, o bien justificándose en las duras circunstancias, han traicionado contundentemente los principios básicos del anarquismo. Aquellos principios que, por básicos, lo definen, y sin los cuales aquello que se ponga en marcha podrá ser muchas cosas, pero no podrá ser anarquista.
Antecedentes
En el caso del estado español, el desarrollo de propuestas que conciliaban la acción anarquista con la vía institucional viene desde antiguo, y ha estado presente durante toda la historia de las organizaciones más importantes, como la CNT, la FAI o incluso, aunque en menor medida, en la FIJL. El ejemplo más característico fue la decisión por parte de las cúpulas de la CNT y la FAI de contribuir al gobierno de la República aportando varios ministros, al mismo tiempo que las bases de estas organizaciones hacían la revolución social al margen de estas vías. Este hecho se puede considerar la consecuencia de varios meses de colaboracionismo entre las organizaciones revolucionarias y las instituciones, estrategia que contribuyó a verticalizar dichas organizaciones y facilitar las estructuras de poder en las mismas, lo que indudablemente finalizó con una traición por parte de las cúpulas colaboracionistas hacia las bases revolucionarias. Fue el precio de la decisión de colaborar con el estado en lugar de destruirlo.
La participación de los anarquistas en el gobierno de la República no es un hecho puntual. Desde tiempo atrás existían ya tendencias dentro de la CNT que abogaban por romper con el tradicional rechazo del anarquismo hacia las instituciones. El personaje más famoso de esta línea de pensamiento fue Ángel Pestaña, secretario general de la CNT en dos ocasiones, e impulsor del “manifiesto de los treinta” en el que se defendía una CNT carente de ideología. Pestaña finalmente enseñó sus cartas con la fundación del Partido Sindicalista, en el que abiertamente abrazaba el parlamentarismo, concurriendo a las elecciones dentro del Frente Popular, y siendo elegido como representante para las cortes generales. Y como decimos no son ejemplos aislados. Posteriormente a la guerra tendríamos intentos serios de acercamiento entre algunos sectores del anarquismo incluso con el estado franquista (el cincopuntismo) y ya en la democracia observamos la aceptación por parte de un sector supuestamente anarcosindicalista en lo que vendría a ser el equivalente del parlamentarismo en el mundo sindical: los comités de empresa (CGT, Solidaridad Obrera…).
Casos actuales
En la actualidad existen varias corrientes de pensamiento reclamadas como anarquistas que tratan de presentar la participación en las instituciones como una cuestión meramente táctica, como una posibilidad que se puede escoger o no, pero que no influye de una forma importante en la esencia de lo que se pretende conseguir. Desde estas posturas normalmente se critica al anarquismo “clásico” por considerarlo maximalista e inoperante, a la vez que pretenden hacernos creer que el suyo, por el contrario, es un anarquismo maduro, heterodoxo y no dogmático.
Un ejemplo de este tipo de corrientes es el municipalismo libertario. Desde esta denominación se defiende la participación en las elecciones municipales para posteriormente poder promover asambleas que sean quienes realmente tomen las decisiones. Desde su perspectiva, el concurrir a las elecciones es una cuestión meramente estratégica, ya que su fin es la gestión mediante asambleas del municipio. Sin embargo, en realidad el perjuicio que se causa es mucho mayor, ya que lo que realmente se hace no es gestionar la vida social del municipio en base a valores libertarios, sino democratizar la participación en la gestión institucional del mismo, esto es, participar en una asamblea que en nombre de todos decidirá cómo se aplicarán en el municipio las leyes del estado, tratando (se supone) de minimizar sus efectos negativos, pero no cuestionando de raíz, por ejemplo, la división de clases, la propiedad privada, el trabajo asalariado… De esta manera el nombre del anarquismo queda diluido, en el mejor de los casos, en un perfeccionamiento del estado democrático, pero no en un cuestionamiento del mismo, y mucho menos en una confrontación con el mismo.
En Catalunya, el municipalismo (a secas) tiene su máxima representación en la organización CUP, y su utilización de las instituciones del estado ha subido de categoría, hasta el nivel del parlamento catalán. De esta manera, muchos antiguos libertarios e incluso algunos que hoy en día siguen autoproclamándose como tales han apoyado o apoyan la candidatura de la CUP al Parlament de Catalunya. Incluso desde sectores libertarios que no se atreven a apoyar abiertamente la aventura parlamentarista, se aboga por un “cambio de miras” por una “apertura y adaptación al nuevo contexto político que se da en Catalunya” y por “dejar los dogmas aparte”. Todo esto envuelto en un discurso muy novedoso, pero que no deja de ser el viejo proyecto de apoyar un partido político que se presenta a las elecciones, lo cual implica necesariamente y sin ningún género de dudas abandonar los más básicos principios del anarquismo.
Otra corriente libertaria que últimamente se está apuntando a esto de presentarse o apoyar candidatos en distintos tipos de elecciones son los llamados “especifistas”, o “neo-plataformistas”. Estas corrientes son, en principio, esencialmente organizativas, y proponen la constitución de organizaciones libertarias fuertemente cohesionadas por medio de un programa político. No rehúyen de términos tradicionalmente rechazados por el anarquismo como el de “partido” o “programa”, y tienen una gran influencia de la histórica propuesta del grupo Dielo Truda en favor de una Unión General de Anarquistas, también conocido como manifiesto de la Plataforma, de ahí la denominación que de ellos se hace (normalmente desde fuera). Este tipo de organizaciones no han tenido mucho calado históricamente, pero en la actualidad gozan de cierta importancia en Latinoamérica, en especial en Chile, Uruguay o Brasil. Precisamente en los días en los que se escribe este artículo son noticia dos organizaciones chilenas: el FEL (Frente de Estudiantes Libertarios) y Red Libertaria.
El primero es noticia debido a que una de sus miembros ha sido elegida como presidenta de la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), a raíz de la candidatura conjunta que el FEL presentó a estas elecciones con otras formaciones estudiantiles de izquierdas. La FECH es un órgano estudiantil unificado, en el que entran en disputa las diferentes opciones políticas, de cara a “presidir” el movimiento estudiantil. Pese a que en principio es un órgano autónomo respecto al estado, reproduce la lógica parlamentarista a la perfección, de manera que para que la compañera anarquista haya salido como presidenta, ha tenido que integrarse en una plataforma electoral (llamada “Luchar”) y desarrollar toda una campaña electoral con el objetivo de ganar votos. De ahora en adelante se da una extraña contradicción, ya que supuestamente su objetivo era “presidir” el movimiento estudiantil para garantizar su desarrollo como sujeto político autónomo, pero sin embargo, como ellos mismos reconocen, la presidencia les sitúa en un lugar privilegiado para impulsar determinadas propuestas que ellos consideren interesantes.
El caso de la Red Libertaria es más peliagudo, ya que han apoyado abiertamente a un candidato en las elecciones presidenciales de Chile (Marcel Claude). Según otros anarquistas chilenos no plataformistas (1), Red Libertaria se compone, entre otros, de militantes de la OCL (Organización Comunista Libertaria), principal organización neo-plataformista del país. La creación de Red Libertaria respondería según estos compañeros a un intento de que su apoyo a los métodos electorales no supusiese una ruptura en sus organizaciones matriz, a la vez que las protegería de las previsibles críticas que llegarían desde los sectores no-plataformistas.
Los argumentos que se utilizan en ambos casos ya son conocidos: adaptación a la realidad social, romper con el dogmatismo, ser maduros, ser realistas… Sin embargo en ambas estrategias acaban, una vez más, por romper con los principios más básicos del anarquismo. Curiosamente en Chile, estas organizaciones no son muy partidarias de autoproclamarse anarquistas, y prefieren que se las conozca como comunistas libertarias, libertarias a secas o incluso anarco-comunistas.
El caso estrella: los comités de empresa
Nos vemos en la obligación de reseñar este caso por la incidencia directa que ha tenido en el desarrollo del anarquismo en el estado español en general y en Catalunya en particular. La implantación del modelo de comités de empresa viene dado en una época, la Transición, de una gran actividad obrera, y de unas perspectivas revolucionarias muy serias, en concreto por parte del anarquismo y el anarcosindicalismo, que rápidamente se habían reorganizado y suponían un peligro muy real para el viejo y el nuevo régimen. Los llamados Pactos de la Moncloa, en los que se aprobó el desarrollo de la transición, supusieron un duro golpe a todas las corrientes revolucionarias presentes en el panorama social y sindical. Existía un clima de tensión, y el objetivo de la naciente democracia era apaciguar esa tensión en pos de una transición pacífica y tranquila que no alterase en gran medida la estructura social y política del país.
El papel que en ese escenario jugaron los comités de empresa fue canalizar la rabia de las huelgas y conflictos laborales hacia una representatividad dentro de los centros de trabajo, en la que los partidos políticos eran sustituidos por los sindicatos en el papel de representantes de los trabajadores. Estos, en lugar de protagonizar luchas, debían depositar un voto en que cedían su voz a un representante sindical, el cual mediaría ante la empresa para, supuestamente, defender los intereses de los trabajadores. En este contexto, los intereses de los trabajadores rápidamente se diluyeron en los intereses de los sindicatos que los representaban, a los cuales les habían ofrecido, para completar la jugada, cuantiosas sumas de dinero estatal, locales, privilegios laborales (liberados, horas sindicales)… De esta manera, los intereses de los sindicatos eran cada vez más cercanos a los de las empresas y los del estado, y más lejanos a los de los trabajadores.
En aquel momento los anarquistas mantuvieron una posición radicalmente en contra de los comités de empresa, anticipando el resultado que tendrían los mismos. Por ello, no sólo no se presentaban a las elecciones sindicales, sino que intentaban sabotearlas dentro de lo posible. Por eso, en esta situación, la aceptación de una parte de la CNT de las elecciones sindicales supuso unos enfrentamientos internos tan enconados, los cuales derivaron con el tiempo en una escisión que dio lugar a lo que hoy se conoce como CGT. Esto, sumado a una gran campaña por parte del Estado para debilitar al anarquismo, fueron dos motivos importantes que contribuyeron al desmantelamiento del movimiento libertario de la época, el cual debido a su extensión y combatividad suponía una seria amenaza para el régimen incipiente.
Hoy en día numerosos militantes que vivieron la época reconocen que los comités de empresa fueron una gran traición que contribuyó a la desaparición de la conciencia de clase y la desmovilización el movimiento obrero en este país. Por eso, la participación en los mismos se nos hace inadmisible, y no entendemos cómo es posible que personas que se reconocen como libertarios participen de estas instituciones.
Un viejo debate:
Como vemos, a lo largo de la historia, la participación de los anarquistas en procesos electorales representativos ha sido motivo de debate. Sin embargo, desde nuestra óptica, el rechazo a este tipo de participación política se asienta en unos argumentos muy básicos: el rechazo a la representatividad política y/o el delegacionismo (2).
La representatividad política es la base de los regímenes democráticos parlamentarios, y se basa en la elección de un grupo minoritario de personas (representantes) que tomarán las decisiones que afectarán al conjunto de la sociedad (representados). La elección de estos representantes podrá ser más o menos democrática, pero en todos los casos las decisiones tomadas por los mismos vincularán al conjunto de la sociedad, esté de acuerdo o no con tales decisiones. En un contexto estatal, la garantía de que la voluntad de los representantes se lleve a cabo es la ley, y aquellos individuos que se nieguen a acatar esas normas serán penalizados y castigados mediante represión de diversos tipos.
El grado de representatividad también puede ser muy variable. La versión más autoritaria es la que impone decisiones sin tener absolutamente nada en cuenta la opinión de los representados (véase un gobierno absolutista). Sin embargo también hay versiones más democráticas, aquellas, por ejemplo, que someten a referéndums cualquier decisión relevante para garantizar que se tiene en cuenta la opinión de los representados. También existe este modelo representativo a diferentes escalas: desde el parlamento hasta las comunidades de vecinos, pasando por ayuntamientos, comités de empresa… En todos los casos se produce un control por parte de los representantes de la toma de decisiones, bien sea directamente decidiendo en nombre de todos, o bien marcando unos ritmos de cómo se debe tomar la decisión, estableciendo votaciones, referéndums o asambleas a criterio propio, es decir, impuestas.
Como anarquistas no podemos menos que criticar la representatividad en base a varios argumentos muy sencillos Por una parte, nos negamos a elegir a nadie para que tome decisiones por nosotros, sino que optamos por la elección de delegados que transmitan la voz de nuestras asambleas a espacios de mayor ámbito, pero estos delegados en ningún momento podrán decidir nada que no haya sido previamente acordado por el conjunto de individuos que conforman la asamblea. Por otra parte, nos negamos a aceptar aquellas decisiones que entendemos que han sido tomadas a espalda nuestra, por parte de quien sea, y nos reservamos el derecho a desobedecer cualquier intento de imposición.
Evidentemente esta actitud choca frontalmente con todos los modelos de organización social que otorguen poder a una parte para que decida por el conjunto. Y nos da lo mismo en qué ámbito de la sociedad se produzca este hecho, no lo aceptamos ni para gobernar un estado ni para dirigir una comunidad de vecinos.
En especial, las instituciones…
Basándonos en la crítica a la representatividad, encontramos especialmente grave la participación en instituciones del Estado. Entendemos que son una imposición de la que no podemos escapar en tanto que nos gusten o no siempre tendremos que asumir las consecuencias de su existencia: bien obedeciéndolas y no siendo libres, o bien desobedeciéndolas y sufriendo su represión. Las instituciones están garantizadas por el estado mediante la ley, y el hecho de no aceptarlas es castigado y sancionado. Por ello no sólo pensamos que no es conveniente participar en las mismas, sino que además criticamos a aquellas personas que lo hacen, debido a que sin tenernos en cuenta nos obligan a aceptar un juego que nos resulta despreciable.
No queremos entrar en las buenas o malas intenciones que pueda tener una persona que se presenta a las elecciones en su pueblo o al comité de su empresa, sino manifestar la incompatibilidad de hacer eso y a la vez pretender integrarse en una lucha anarquista, que por definición, se opone a esos métodos.
… pero también en “casa nostra”:
Por otra parte, aunque los sistemas representativos suelen estar amparados por el estado mediante las leyes, es decir, suelen ser “cauces oficiales”, el delegacionismo se impone también como una forma tradicional de organización, trasladándose a cualquier ámbito al margen del control del estado, como puede un club de fútbol o una organización política revolucionaria. Incluso en una organización anarquista.
En este caso, la representatividad podría aparecer en forma de acumulación de poder por parte de cargos de gestión, comités, comisiones, etc; que en base a acuerdos ambiguos utilicen un mero mandato de gestión para modificar, ampliar o generar acuerdos al margen de las asambleas soberanas. De esta manera, las personas que formen parte de estos comités, comisiones, etc, actuarían en calidad de representantes de las asambleas, ejerciendo lo que se conoce como “ejecutivismo” y que no es otra cosa que una “verticalización” de la organización, es decir, un vaciamiento de la esencia horizontal e igualitaria y la creación de una cúpula dirigente.
También se podría generar esa representatividad derivada de mecanismos de toma de decisiones como el voto, el cual fácilmente degenera en una imposición de las mayorías a las minorías, las cuales hipotéticamente deben aceptar los acuerdos mayoritarios por ser vinculantes, y defenderlos en nombre de la organización. En este caso, la obligación de aceptar acuerdos que no son compartidos, o al menos la obligación de defender la organización que lo toma, convierte a las minorías en “representados” de la mayoría.
El peligro que representa la aparición de “representantes”, dirigentes o grupos de poder se ha de atajar desde el principio mismo del pacto asociativo. Una idea es, como hemos expresado en ocasiones anteriores, vetar el acceso a cargos de gestión a aquellas personas que formen parte de procesos electorales de cualquier tipo, bien siendo candidatos, o bien apoyando a los mismos por medio de partidos, sindicatos otro tipo de asociaciones políticas. También se han de idear mecanismos de control hacia todos los cargos y delegaciones, de tal manera que la capacidad de decisión corresponda únicamente a la asamblea, y en caso de que se viole esta premisa, éstos puedan restituir la capacidad de nuevo a la asamblea y bloquear y replantear todos aquellos acuerdos que hayan sido tomados sin el consentimiento de la misma.
Por último, señalar que para evitar la acumulación de poder de las mayorías sobre las minorías creemos que es necesario evitar mecanismos de toma de decisiones tales como el voto, máxime en asuntos de especial relevancia para el conjunto de la organización. En este sentido nos explicamos de forma más extensa en otro artículo centrado en esta cuestión.
Conclusiones:
El anarquismo, pese a ser un cuerpo de ideas bastante amplio y heterogéneo, debe compartir en todas sus interpretaciones un rechazo contundente a la representatividad institucional y a todo tipo de elecciones. Esto es una consecuencia inmediata de sus principios de igualdad y libertad de todos los individuos, así como una defensa de la táctica fundamental de los anarquistas: la acción directa.
La participación en elecciones de diversos tipos o en mecanismos de representatividad institucional ha sido puesta en práctica históricamente en numerosas ocasiones, sin aportar en ningún caso nada positivo al movimiento anarquista ni a la sociedad en general. Es más, ha conducido al movimiento a escisiones y divisiones que lo han debilitado, así como ha contribuido a generar en la opinión pública acrítica un sesgo de valoración negativa hacia aquellos sectores que se mantuvieron fieles a los principios del movimiento (ortodoxos, sectarios, dogmáticos), frente a la valoración positiva de aquellos otros sectores que cedieron a las normas de juego del sistema (heterodoxos, aperturistas, inclusivos, realistas…).
En la actualidad existe una cierta expansión de las ideas anarquistas. Sin embargo vemos cómo amplios movimientos sociales se dotan de una metodología en cierta medida anarquista, basada en las asambleas y la autogestión, pero a la vez, quizás por la presión mediática, dirigen el contenido de su discurso hacia posturas fácilmente asumibles por el estado, democráticas, normalmente de corte socialdemócrata. En este proceso la distancia entre lo libertario y lo institucional se reduce, apareciendo tendencias que bajo el paraguas del anarquismo defienden postulados y prácticas colaboracionistas con el sistema.
Se hace urgente la puesta en valor del papel insurreccional y de confrontación del anarquismo respecto al estado y sus instituciones. No nos vale un posicionamiento pasivo, una “abstención”, sin más, en las elecciones. Debemos defender la autoorganización como única salida a la representatividad y el delegacionismo, y eso conlleva combatir y sabotear todos los procesos en los que se vulnere la capacidad de decidir del individuo por sí mismo.
La representatividad y el poder no sólo aparecen en las instituciones del Estado, sino que también está presente en algunas organizaciones autodenominadas libertarias. Por ello, si lo que queremos en construir una convivencia verdaderamente horizontal y asamblearia, debemos evitar a toda costa la aparición de estas tendencias autoritarias en el seno de nuestras luchas.
Hoy en día es completamente necesaria la reivindicación de un anarquismo que no luche por lo posible o por lo realista, sino por aquello que considere justo. Y la mejor manera de luchar por ello es siendo honesto, no jugando a juegos políticos donde el que mejor sonríe gana, sino planteando las luchas desde la transparencia y la honradez que desde antiguo han diferenciado al anarquismo de otras ideas.
NOTAS:
- Sobre el anarquismo electorero…”Oportunismo, Reformismo y Ambigüedad”. La realidad del «sector libertario» en Chile. Artículo disponible en: http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article5059
- Al referirnos a delegacionismo hablamos de la cesión voluntaria de la capacidad de decidir a otra persona, es decir, de la elección de un representante. Por ejemplo, un votante, “delega” sus decisiones en el partido político al que vota. Sin embargo la representatividad es el hecho de que uno o un grupo de individuos adquiera poder de decisión por un conjunto, el cual en el mejor de los casos les habrá designado voluntariamente como representantes, pero que no necesariamente es así.
Acció Llibertària de Sants. Primavera del 2014.
Artículo publicado en “Clau de Volta”. Publicación para el debate en el proceso de construcción de una Federación Anarquista en Cataluña.